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:::¿ RENACIONALIZACION DE LA GRAN MINERIA CHILENA?:::

SÓLO SI HAY CAPACIDAD,VOLUNTAD E INTERES PARA ELLO

En los artículos aparecidos en distintos medios de comunicación que se refieren a la renacionalización de la minería del cobre se argumenta – y no sin razón – a que el Estado de Chile debería renacionalizar la gran minería, en conformidad a lo dispuesto en la Constitución de 1980, que deja vigente la Disposición 17º Transitoria de la Constitución de 1925, que permite tomar posesión inmediata de los bienes de las empresas de la gran minería, en la oportunidad que determine el Presidente de la República.

Por otro lado se abona, también, con el objetivo de demostrar la legalidad y transparencia de la renacionalización de las compañías mineras en poder de empresas trasnacionales que, ello también se justifica en virtud que el Nº 10 del art. 10 de la Constitución de 1925 y el inciso sexto del Nº 24 del artículo 19 de la Constitución de 1980 que prescriben que: “ El Estado tiene dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas”.

Estos son los argumentos jurídicos, de peso, de todos aquellos que están abogando por la renacionalización de las minas. Sin embargo, las autoridades competentes de la nación, no han creído en la necesidad para el país que los recursos mineros vuelvan a poder del Estado, a pesar que el mismo Senado de la República emitió un informe, el año 2003, en el que se constata que las mineras extranjeras no tributaban en el país, y que las condiciones contractuales Fisco-Empresarios, en el ámbito del DL 600, son lesivas para el interés nacional.

¿A que se debe esta falta de interés de las autoridades para efectuar un estudio serio de esta situación y de negarse siquiera a mencionar la palabra renacionalización de la gran minería?

Podría adelantar algunas hipótesis:

1.- Si se renacionalizan las minas habrá serios conflictos comerciales con los países originarios de la empresa intervenida.

2.- Si se renacionalizan las minas, se argumentará que capitales extranjeros no harán inversiones en Chile.

3.- Los Organismos Internacionales verían con malos ojos una intervención de este tipo llegando, incluso, a sancionar a la nación.

4.- Si se renacionalizan las minas el riesgo país se incrementaría en demasía.

5.- Si se renacionalizan las minas, el país perderá credibilidad como cumplidor de los compromisos contraídos entre Fisco y las empresas extranjeras.

6.- Que el Estado es muy mal administrador

Quien esgrima estos razonamientos podría tener razón, puesto que un país serio debe respetar sus compromisos y, en el caso chileno, especialmente los contraídos en el ámbito del DL 600. Pero no debe olvidarse que el respeto a los compromisos debe darse en ambos sentidos, es decir, tanto del Estado como de parte de las empresas en el acatamiento irrestricto de las leyes chilenas, sobretodo las laborales, medioambientales, tributarias y aduaneras. Y precisamente, cuando del respeto a los compromisos y la legislación vigente se refiere, es necesario tener siempre presente que todas las inversiones extranjeras en la minería se efectuaron con vigencia plena de las disposiciones constitucionales que permiten la nacionalización de la gran minería, y no podrían estas empresas alegar en su favor que se les cambian las reglas del juego, si el Estado procede a nacionalizarlas, puesto que esta norma constitucional nunca ha perdido su vigencia desde 1971.

Es más, ¿Qué pasaría si a éstas empresas mineras extranjeras se les llegara a comprobar, que han cometido ilícitos sancionados en la Ordenanza de Aduanas u otros Ordenamientos Jurídicos?. En esta oportunidad, y como contribución de un ciudadano de este país, puedo sugerirle a Instituciones fiscalizadoras de la minería chilena como son Aduana, Cochilco, Impuestos Internos, Comisión Permanente de Minería de la Cámara de Diputados, Comisión de Minería del Senado, Contraloría General de la República que podrían enfocar una mínima parte de su importante trabajo, en los siguientes rubros relacionados con la minería, los cuales ya en parte fueron abordados en artículos anteriores:

1.- La real efectividad de los resultados obtenidos de las leyes de metales preciosos contenidos en los concentrados de cobre y si estos necesitan o no un factor de corrección por las pérdidas que existen durante el análisis de las muestras (Fire Assay), ya que cualquier resultado de menor contenido metálico en los análisis, significa menores utilidades para la empresa y, como consecuencia, menores impuestos para el Fisco.

2-. La efectividad del contenido de molibdeno en los concentrados de minera La Escondida u otras, toda vez que dicho metal no se ha declarado en los Documentos de Salida y, sin embargo, Minera Escondida se aprontaba para construir las instalaciones metalúrgicas necesarias para la recuperación de este metal.

3.- ¿Por qué razón no se declara el azufre contenido en los concentrados de cobre que es materia prima para la producción del ácido sulfúrico que después las empresas mineras asentadas en el país lo adquieren a muy buen precio para los vendedores?. No hay que olvidar que este metaloide se entrega gratuitamente a las fundiciones-refinadoras puesto en destino, esto es hasta con el flete pagado

4.- Efectuar un acabado estudio de lo que significa el pago de fletes (fletes falsos) por productos que no se pagan al vendedor y, en consecuencia, hay un menor pago de impuestos.

5.- La consideración que el cobre contenido en las escorias de las fundiciones es un subproducto de la fundición por el que debería abonarse un pago tal cual se hace con el oro y la plata. Respecto a las escorias, éstas se encuentran en proceso para obtener parte del cobre que contienen y que proviene del descuento metalúrgico de 3,5% que hacen las fundiciones del metal comprendido en los concentrados.

6.- Si la cláusula inserta en los contratos de las mineras con las fundiciones-refinadoras, denominada “freight allowance” o Compensación de Fletes, en las compraventas CIF y FOB, que le permite al comprador obtener una utilidad extra en el flete con menoscabo de la minera que vende y, en consecuencia hay menos utilidades y menores pago de impuestos, se ajusta al uso corriente en este tipo de transacciones o es, sencillamente, parte de un “Precio de Conveniencia”

7.- Verificar que los pagos de Treatment charges (T/C) o Gastos de Tratamiento y Refining Charges (R/C) o Gastos de Refinación, son los correctos y concordantes con los establecidos con las fundiciones nacionales o internacionales.

A los temas ya analizados en artículos anteriores, en esta oportunidad, quiero agregar algunos casos – sólo a manera de ejemplo - relacionados con los fletes que a todas luces ameritan una investigación y pronunciamiento de los Organismos fiscalizadoras de las exportaciones de cobre, y que demuestran que las grandes mineras infringen la legalidad vigente en Chile. Los valores de los fletes que se asienten en los documentos de salida deben ser los estipulados en los conocimientos de embarque, cualquiera sea su condición de venta, y no están sujetos a las modificaciones que se indican para la confección de los Informes de Variación al Valor (IVV) para los casos de ventas “bajo condición”, según se encuentra estipulado en el Compendio de Normas Aduaneras. Las infracciones reiteradas en este campo caen en la presunción de un delito aduanero sancionado por la Ordenanza del Ramo.



En estos cuadros queda en evidencia las enormes diferencias de las tarifas aplicadas en embarques efectuados por una misma empresa, para un mismo destino, en una misma nave. De la misma manera esta situación se produce, aún cuando se trate de distintas mineras, pero el embarque se produce en la misma nave. Estas diferencias no es otra cosa que una manera ilegal de transferir beneficios a empresas relacionadas en perjuicio del Fisco de Chile.

Las diferencias detectadas en los ejemplos de los cuadros anteriores, si bien no llaman a reacción a nuestras autoridades aduaneras y tributarias, ello no quiere decir que no estén al margen de la ley. Estas diferencias, así como las denunciadas por otras materias en mis artículos anteriores, llegan a sumar miles de millones de dólares, que para cualquier persona normal significan mucho dinero, pero no sé si, para los organismos o personas encargadas del control, signifiquen lo mismo.

En conclusión, si el Estado se ha puesto al margen de la ley, es solo porque no obliga a sus funcionarios a aplicar todo el rigor de la ley a las transnacionales mineras, que sí transgreden nuestra legislación, pero el Estado, si las nacionaliza, estará siempre dentro del marco de la Constitución y de la legalidad nacional e internacional.



Rolando Castillo

rocasva@hotmail.com

Febrero 2009



Julián Alcayaga - 17/02/09

no creo que eso sea posible tuvimos un solo Presidente que fue capaz de pelear con los grandes para nacionalizar nuestro cobre y ese fue Salvador Allende pero no fuimos capaz de apoyarlo, jamas habra un presidente asi ahora todos los que salgan son solo empresarios estadistas y cobardes (Grupo PortalChoapa de Facebook) - Fabian Ariel Olivares Hidalgo

 

 

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