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:::CHILE, ¿PAÍS BANANERO?:::



¿SE HARÁN LAS AUDITORÍAS PROMETIDAS?
Ha comenzado el año 2009 con fuegos de artificio (con costo de empresa privada que auspicia a la municipalidad de Salamanca), y al parecer estos fuegos de artificio auguran lo que será el desarrollo político que ejercerán las nuevas autoridades comunales: “Pura ilusión óptica”.
En Illapel, el actual alcalde, anunció durante su campaña la realización de una “AUDITORÍA EXTERNA” para saber “el real estado financiero de la municipalidad” que supuestamente iba a recibir. Llama la atención, que ahora que ya asumió su cargo, sus declaraciones dejan entrever que tal medida será puesta en el refrigerador y sólo se hará “una pequeña auditoría con su equipo asesor”, pero lo que agrega podemos considerarlo como sacarle el “poto a la jeringa”; él dice: “se va a llevar a cabo una auditoría (léase “pequeña auditoría con su equipo asesor”) no para buscar responsables, sino para mostrar a la comunidad el estado en que se ha recibido la municipalidad”.
La comunidad debe saber que las auditorías, sean externas o realizadas por personal de Contraloría General de la República, si detectan procedimientos ilícitos en el uso de los recursos financieros, obligan a la autoridad solicitante de la auditoría (al Alcalde en este caso), a realizar las demandas y acusaciones de los presuntos responsables ante los Tribunales de Justicia, para que éstos hagan las investigaciones y resuelvan la aplicación de las sanciones correspondientes, si es que se comprueban dichos ilícitos. Este detalle es el que “complica” al parecer, no tan sólo al alcalde de Illapel, sino a todos aquellos que siendo alcaldes, “prometieron” las mencionadas auditorías en tiempos de campaña.
Lily Pérez, Secretaria General de RN, se reunió en el mes de noviembre con el Contralor General de la República Ramiro Mendoza con el fin de solicitarle que la entidad realice auditorias contables en cada una de las 25 municipalidades que este partido recibió ya el 6 de diciembre de manos de la Concertación. Tenemos sospechas de que hay varios municipios donde existen irregularidades. La idea es que nuestros alcaldes que ganaron la elección del 26 de octubre, puedan asumir sus municipalidades con total claridad” explicó Lily Pérez.
Este tema de las auditorías no es menor y ha significado amplios debates en reuniones de todo tipo. Una de estas instancias la conforma el capítulo chileno de Transparencia Internacional, que el año recién pasado, elaboró un documento en conjunto con la Asociación Chilena de Municipalidades en el cual señala que “la transparencia puede ser definida como el principio que permite a aquellos que son afectados por decisiones administrativas, transacciones comerciales o el trabajo de organizaciones sin fines de lucro, conocer no sólo la información básica, sino que también los mecanismos y procedimientos de quienes adoptan las decisiones. La transparencia es el deber de los funcionarios públicos, ejecutivos y administradores empresariales…”

El documento agrega que “los municipios cumplen un rol fundamental en el acceso de los ciudadanos a las garantías y beneficios provistos por el aparato público y en la solución de problemas que afectan su vida cotidiana”.
Sin embargo, las últimas encuestas aplicadas para auscultar el pensamiento común de los ciudadanos, han mostrado una alta percepción de corrupción a nivel de los gobiernos locales.

La Encuesta del Centro de Estudios Públicos de diciembre de 2006, señaló que un 43% de los encuestados considera que “hay mucha corrupción” en los municipios, ubicándolos en las instituciones que son percibidas con una mayor extensión de corrupción (detrás de los partidos políticos, el Poder Judicial y el Congreso). Por su parte, la Encuesta de Corrupción del Instituto Libertad y Desarrollo, de abril de 2007, ubicó a las municipalidades en el primer lugar de percepción de corrupción en las instituciones, por sobre las empresas públicas, ministerios y el Poder Judicial.

Esta negativa percepción está relacionada con hechos concretos que conoce la ciudadanía. La encuesta de Libertad y Desarrollo ya mencionada señala que un 17% de los casos de corrupción conocidos por los encuestados involucran municipalidades. Pero también esta percepción puede estar relacionada con el desconocimiento o falta de acceso a la información acerca de la gestión de cada municipalidad.

La evaluación de transparencia municipal realizada por el Instituto Libertad y Desarrollo en abril de 2006, muestra un deficitario acceso a la información que por ley las municipalidades deben tener a disposición de los ciudadanos”.

Tanto la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado como la ley N° 19.880 -que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado-, consagran los principios de transparencia y publicidad.
Es decir, está consagrada la legalidad de las mencionadas auditorías y la ciudadanía debiera exigir estas acciones para ejercer el control sobre aquellos que teniendo la autoridad y la facultad de solicitarlas, entran en “contradicciones vitales”, creando con ello la sospecha de que “algo ocultan” y que es mejor “echar tierra” a estos asuntos.
En la comuna de Salamanca, también se escucharon estos hermosos cantos de sirena… “haremos una auditoría…” Llevamos varias administraciones municipales y de las famosas auditorías nunca se ha sabido. ¿Habrá algunos actos ligados a la corrupción que los alcaldes que ya asumieron en el país no quieren que se sepan?
Una auditoría externa, efectuada por alguna entidad de prestigio, imparcial y objetiva puede ser un gran avance en el camino de la trasparencia y la publicidad de los actos que tanto se echa de menos en la mayoría de las municipalidades de este sorprendente país que comienza a tomar forma de una banana.




CAMILO ARANDA - 03/01/09

 

 

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